San Martín de la Vega, a 18 de abril de 2016

Según han conocido en el Ayuntamiento a través de miembros de Policía Local, Delegación de Gobierno ha adoptado la decisión de que a partir de hoy varios cuarteles de la Guardia Civil como el de San Martín de la Vega o Ciempozuelos, cierren entre las 22:00 y las 6:00 horas, incumpliendo así el compromiso adoptado en la reunión mantenida el pasado 22 de septiembre entre el Alcalde, Rafael Martínez y el primer Teniente de Alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Sergio Neira, con la Delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.

El Alcalde ha afirmado que “desconocemos los motivos de este cambio de criterio, pero lo cierto es que no se tiene previsto asegurar que se mantenga la presencia constante de Guardia Civil por las noches en el municipio”. Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, alegó que “supone una falta de compromiso y un engaño a esta corporación municipal y a los vecinos del municipio, pues de nuevo asistimos a un nuevo recorte en la prestación de los servicios públicos”. Neira añadió que “han alegado una supuesta optimización de recursos, pero lo cierto es que hasta ahora no siempre se disponen de los suficientes efectivos de Guardia Civil, por lo que el cierre del cuartel supone un paso atrás para San Martín de la Vega que no vamos a permitir”.

Por ello, han solicitado una reunión urgente con Dancausa ya que “después de los últimos esfuerzos y buenos resultados, este recorte supondrá un perjuicio que previsiblemente repercutirá en los vecinos” y consideran que “en momentos en los que el propio Ministerio del Interior tiene decretada la alerta 4 antiterrorista en nuestro país, adopta decisiones que van contra la seguridad de los ciudadanos”.

Para ello, tanto el Alcalde como el Primer Teniente de Alcalde han remitido un escrito a la Delegada del Gobierno, manifestando su rechazo a esta decisión e instándole a rectificar. Concretamente, alegan que “se reconsidere la decisión o se adopten medidas alternativas que no supongan un recorte y perjuicio para los ciudadanos” y que “el asunto debe tratarse en profundidad, y no mediante una decisión unilateral e imperativa, sin contar con el resto de actores afectados”.